Foto: Gobierno de Colombia
Una nueva política de supervisión fue presentada en Colombia con el propósito de modificar el enfoque estatal hacia las organizaciones de economía solidaria. El esquema propuesto busca ajustar los controles según el tamaño, la actividad y los riesgos particulares de cada entidad, reemplazando un modelo general por uno más diferenciado.
El anuncio se realizó el miércoles en el programa La Agenda, espacio informativo de la Presidencia, durante un encuentro entre la Superintendencia de la Economía Solidaria y periodistas de medios regionales y comunitarios de distintos departamentos. En esa ocasión, la superintendente María José Navarro expuso los lineamientos de lo que denominó Política Integral de Supervisión Basada en Riesgos.
Navarro indicó: "El nuevo esquema de supervisión redefine la forma en que el Estado acompaña, protege y fortalece a las organizaciones de la economía solidaria en los territorios, pasando de un modelo tradicional de control a una actuación institucional sensible, proporcionada y eficaz frente a cada empresa solidaria".
La política propone herramientas como alertas tempranas, asistencia técnica preventiva y fortalecimiento del control social interno. Asimismo, introduce por primera vez criterios diferenciales de género, paz, étnico y climático dentro del proceso de supervisión. Estos elementos se orientan a adaptar la actuación institucional a las condiciones específicas de comunidades consideradas vulnerables.
En relación con los objetivos de la estrategia, Navarro explicó: "La Supersolidaria no solo moderniza su modelo de supervisión, sino que avanza hacia un cambio de paradigma: la construcción de un Estado más cercano y comprometido con la equidad social y económica".
Uno de los puntos centrales del documento es el reconocimiento del papel de las empresas solidarias en la sostenibilidad ambiental, la cohesión territorial y la reducción de brechas sociales. La clasificación de las entidades según su nivel de riesgo tiene como finalidad priorizar intervenciones proporcionales, sin aplicar esquemas homogéneos.
Adicionalmente, se busca alinear esta estrategia con prácticas internacionales para consolidar estándares operativos comparables a los de organismos de supervisión en otras regiones. La propuesta no se limita a un rediseño técnico, sino que incluye acciones para mejorar la gobernanza interna y promover una mayor participación de las personas asociadas en los procesos de vigilancia.
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