Foto: Sergio F Cara (NotiPress)
La Comisión Europea ha iniciado una ofensiva regulatoria orientada a contener los aranceles del 30% anunciados por Donald Trump contra productos de la Unión Europea, vigentes desde el 1 de agosto. La estrategia contempla aplicar medidas sobre empresas tecnológicas con operaciones clave dentro del territorio europeo.
De este modo, en respuesta al anuncio estadounidense, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión, prorrogó la suspensión de contramedidas europeas, estimadas en 93 mil millones de euros, hasta comienzos de agosto. El objetivo declarado es mantener abierto el canal diplomático mientras se desarrolla una línea de acción que utiliza el ecosistema digital como recurso negociador.
Entre las herramientas en evaluación se encuentran impuestos digitales aplicables sobre ingresos por publicidad e intermediación. Estas cargas se implementarían sin considerar presencia física de las compañías, afectando directamente el modelo de negocios de corporaciones como Alphabet, Meta o Amazon. Algunos países ya han probado mecanismos fiscales similares a nivel nacional. La Comisión estudia su eventual ampliación a una tasa comunitaria.
También, el reglamento europeo permite un despliegue más amplio de la Ley de Servicios Digitales (DSA) y la Ley de Mercados Digitales (DMA). Estas normativas establecen obligaciones estrictas para plataformas catalogadas como "guardianes". Hasta el momento, seis empresas cumplen con ese criterio: Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta y Microsoft, responsables de 22 servicios esenciales en la Unión.
En caso de infracciones, las sanciones contempladas podrían alcanzar hasta el 10% de la facturación anual global. Para reincidencias, el límite se extiende hasta el 20%, incluyendo la posibilidad de ordenar reestructuraciones dentro de las plataformas afectadas. Por otra parte, la DSA permite exigir mayor transparencia en algoritmos y procesos de moderación de contenidos para plataformas con más de 45 millones de usuarios mensuales en Europa.
Bruselas considera que estas medidas podrían inducir a las empresas tecnológicas estadounidenses a intervenir en el conflicto comercial. Si sus intereses financieros se ven comprometidos, existe la expectativa de que se involucren directamente en instancias diplomáticas con Washington. Esa presión, indirecta pero eficaz, se posiciona como un factor clave el cual podría alterar la postura del gobierno estadounidense.
El punto de inflexión sería la ejecución simultánea de sanciones regulatorias y fiscales bajo el régimen comunitario. Esto transformaría el entorno de operación de las compañías afectadas en un contexto donde el margen de maniobra legal se reduce considerablemente. La Comisión no descarta endurecer la aplicación de estas medidas si el diálogo con la administración estadounidense resulta infructuoso.
Finalmente, la iniciativa de Bruselas busca mostrar capacidad de respuesta frente a una escalada comercial que amenaza estructuras económicas clave. A diferencia de ciclos anteriores, donde la respuesta europea se centró en productos industriales o agrícolas, el enfoque actual apunta hacia el núcleo tecnológico como instrumento de disuasión.
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