Foto: Sergio F Cara (NotiPress/Composición)
La construcción de nuevas fábricas de semiconductores en Estados Unidos, impulsada por una inversión de la administración Joe Biden, promete revitalizar la producción nacional de chips informáticos. Sin embargo, este ambicioso proyecto genera preocupaciones respecto a los riesgos potenciales para la salud y el medio ambiente. A medida que se levantan nuevas instalaciones en varios estados, surgen cuestionamientos sobre la adecuación de las evaluaciones ambientales y la gestión de sustancias tóxicas utilizadas en el proceso de fabricación.
En ese sentido, los defensores de los derechos laborales sostienen que las evaluaciones ambientales actuales son insuficientes y carecen de transparencia sobre las sustancias tóxicas que podrían manipular los trabajadores. Una coalición de sindicatos influyentes y grupos ambientalistas, incluyendo el Sierra Club, presentó comentarios al Departamento de Comercio señalando los proyectos en Arizona e Idaho no cumplen con los requisitos necesarios.
Dichos grupos destacaron la falta de claridad en las medidas de seguridad y la gestión de residuos peligrosos, como los productos químicos ambientales. Aunque no buscan detener el avance de las fábricas, desean evitar repetir los errores, cuando las primeras fábricas de semiconductores en Estados Unidos dejaron lugares contaminados y aún se están limpiando.
"No nos oponemos a la existencia de estas plantas. Sabemos que tendrán que utilizar sustancias peligrosas. Nuestro mayor problema es la falta de transparencia", afirmó Lenny Siegel, director ejecutivo del Centro de Supervisión Ambiental Pública (CPEO). No obstante, la ley CHIPS y Ciencia, aprobada en 2022, destinó 52 millones 700 mil dólares para fomentar la fabricación de chips. Este financiamiento pretende establecer una cadena de suministro nacional de semiconductores para diversas aplicaciones, desde automóviles hasta inteligencia artificial.
Sin embargo, cuando una empresa acepta fondos federales, puede estar sujeta a regulaciones ambientales adicionales. La ley nacional de Política Ambiental (NEPA) requiere evaluaciones ambientales por parte de las agencias federales y puedan compartir los resultados con el público. Si se detectan riesgos, se debe preparar una declaración de impacto ambiental más detallada y abrir el proceso a una mayor participación pública.
Hasta ahora, el Departamento de Comercio publicó borradores de evaluaciones ambientales para tres proyectos específicos: los planes de Micron en Boise, Idaho, y las instalaciones de Intel y TSMC en Arizona. Sin embargo, estos borradores describen los posibles efectos ambientales como menores o insignificantes, siempre que se implementen "mejores prácticas de gestión".
No obstante, los productos químicos utilizados en la fabricación de semiconductores representan un riesgo para la salud. Aunque la industria avanzó en la reducción de sustancias peligrosas, los toxicólogos advierten sobre los cambios en la mezcla química pueden superar la capacidad de detección de los peligros potenciales. Por lo general, las empresas mantienen en secreto los tipos de sustancias químicas utilizadas, a pesar de las demandas de los defensores para que informen a los trabajadores sobre los riesgos.
Por su parte, Judith Barish, directora de CHIPS Communities United, resaltó la necesidad de que los trabajadores tengan voz en las instalaciones y puedan detener la producción si detectan condiciones peligrosas. La preocupación por los productos químicos permanentes, como los PFAS, también es creciente. Estos compuestos se utilizan en diversas aplicaciones y son difíciles de destruir, generando inquietud sobre cómo las nuevas fábricas manejarán estos residuos.
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