Foto: Gobierno de Argentina
Más de 140 buques permanecen sin operar mientras las exportaciones de granos siguen frenadas por un paro de prácticos que paraliza parte de la actividad portuaria en Argentina. La interrupción afecta uno de los principales canales de ingreso de divisas del país y genera demoras en operaciones comerciales y energéticas.
El conflicto comenzó el 1 de agosto de 2026, cuando prácticos, pilotos y baqueanos dejaron de aceptar nuevas asignaciones laborales. Estos profesionales guían embarcaciones durante maniobras de ingreso, navegación, amarre y salida en ríos, canales y accesos portuarios complejos.
La protesta rechaza el Decreto 690/2026, firmado por el Poder Ejecutivo para modificar el régimen del servicio de practicaje vigente desde 1991. Los profesionales reclaman su suspensión o derogación porque consideran que los cambios pueden afectar la seguridad de la navegación y sus condiciones laborales.
Qué establece el Decreto 690/2026
Dicha normativa creó un registro abierto de profesionales, administrado por la Prefectura Naval Argentina, y eliminó los cupos que limitaban nuevas inscripciones. También habilitó la contratación directa por parte de navieras y agencias marítimas, con libertad para seleccionar prestadores autorizados.
La Agencia Nacional de Puertos y Navegación recibió facultades para establecer tarifas máximas y exigir la publicación de los precios cobrados. El decreto también eliminó divisiones geográficas que obligaban a contratar diferentes prácticos durante un mismo recorrido por las vías navegables argentinas.
Capitanes nacionales o extranjeros con certificados de conocimiento de zona podrán realizar determinadas maniobras sin contratar un práctico local. La regulación amplió además las excepciones para ciertos buques e incorporó mecanismos destinados a mantener el servicio durante situaciones extraordinarias.
El Gobierno sostiene que las modificaciones ampliarán la competencia y reducirán los costos logísticos del comercio exterior. Las asociaciones profesionales cuestionan esas disposiciones y preparan acciones judiciales por una posible afectación de la seguridad en rutas fluviales y marítimas.
Exportaciones detenidas y costos para la economía
Las mayores complicaciones se concentran en San Lorenzo, Timbúes y Puerto General San Martín, ubicados dentro del principal corredor agroexportador argentino. Desde esas terminales salen granos, harinas y aceites hacia compradores de numerosos mercados mediante los ríos Paraná y de la Plata.
Prefectura Naval Argentina
El Centro de Navegación informó que al menos 140 buques permanecían pendientes de confirmación del servicio de practicaje y pilotaje. La entidad representa agencias marítimas responsables de más del 80% de las cargas movilizadas por el comercio exterior argentino.
Cada jornada sin operaciones retrasa exportaciones, demora el ingreso de divisas y aumenta los gastos por almacenamiento y permanencia de embarcaciones. Empresas del sector también enfrentan posibles incumplimientos contractuales y riesgos de saturación en plantas que continúan recibiendo producción agrícola.
Varias operaciones programadas fueron desviadas hacia Montevideo, en Uruguay, y terminales ubicadas en el sur de Brasil. Estos cambios trasladan actividad portuaria fuera de Argentina y agregan costos de transporte, reorganización logística y nuevas condiciones contractuales.
La Cámara Argentina de Energía informó interrupciones en terminales vinculadas con combustibles, entre ellas Dock Sud, Bahía Blanca, Campana y San Lorenzo. Una prolongación del conflicto podría generar demoras en el traslado de nafta, gasoil, fuel oil y petróleo crudo hacia distintas refinerías.
Mediante intimaciones individuales, Prefectura Naval Argentina ordenó a 536 profesionales reanudar sus tareas vinculadas con el servicio de practicaje. Los avisos contemplaron posibles sanciones administrativas y denuncias penales por obstaculizar el transporte por agua.
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