Foto: Sergio F Cara (NotiPress/Composición)
Durante la clausura de la 59 Convención Bancaria en Colombia, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, lanzó una crítica directa a las condiciones de los créditos que reciben los sectores populares. Pese que el Estado garantiza hasta el 90% del valor de los préstamos destinados a la economía popular, las tasas de interés impuestas por los bancos formales llegan a alcanzar el 80%.
En su intervención el 6 de junio de 2025, Ávila calificó esta situación como insostenible para los microempresarios. Según explicó, actualmente "la tasa de interés máxima de usura que hoy en día se permite al sistema financiero para estos rangos de la economía popular es del 80%", mientras que las tasas efectivas de colocación rondan el 60%. Ambas cifras resultan alarmantes cuando se considera que el riesgo crediticio está cubierto en su mayoría por el Fondo Nacional de Garantías.
Asimismo, el funcionario planteó una pregunta que dejó en evidencia el desequilibrio del sistema: "Si tengo el 90% garantizado, ¿en dónde me está quedando el riesgo?". Además, sostuvo, los avances tecnológicos ya permiten reducir los costos administrativos, por lo que ese argumento tampoco justificaría las tasas aplicadas. "Incluso en zonas alejadas y distantes […] permite una administración con costos operativos muy bajos,", afirmó.
Según datos presentados por el ministro, el Fondo Nacional de Garantías ya ha respaldado créditos por más de 4 billones de pesos en la franja de economía popular, sin que eso se traduzca en mejores condiciones de acceso para los beneficiarios.
Germán Ávila (YouTube @asobancariaco)
La denuncia fue recibida en un auditorio lleno de representantes del sistema financiero y legisladores. El encuentro contó con 3087 asistentes y la participación de 185 congresistas, lo que le otorgó un peso político adicional a la declaración.
Esta tensión pone en el centro del debate la eficacia del modelo financiero colombiano para cerrar brechas sociales. Mientras el gobierno promueve políticas de inclusión y equidad procrecimiento, persisten prácticas que terminan castigando a los sectores más necesitados.
Así, el señalamiento cuestiona la lógica financiera detrás del crédito popular y expone una contradicción de fondo: mientras el Estado asume casi todo el riesgo, los bancos mantienen condiciones que empujan a los microempresarios a esquemas de endeudamiento difíciles de sostener. La denuncia de Germán Ávila obliga al sistema financiero a justificar por qué cobra como si no tuviera respaldo, incluso cuando lo tiene casi todo.
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