Foto: X @EfrainCepeda
El presidente del Senado de Colombia, Efraín Cepeda, presentó una alerta temprana ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La solicitud busca frenar la convocatoria a una consulta popular anunciada por el presidente Gustavo Petro mediante decreto, decisión que fue cuestionada por no contar con la aprobación del Congreso ni el control de la Corte Constitucional.
La denuncia fue gestionada por la firma Víctor Mosquera Marín Abogados y la Fundación Derechos y Justicia Asociados, según reportó Noticias RCN. En ella, se advierte sobre un posible riesgo crítico para la democracia colombiana y una alteración del orden constitucional vigente. Los denunciantes consideran que la iniciativa del Ejecutivo, al seguir adelante con una propuesta rechazada formalmente por el Congreso el pasado 14 de mayo, representa una vulneración directa a la separación de poderes.
De acuerdo con la Constitución colombiana, cualquier consulta popular debe originarse en el Consejo de Ministros, ser aprobada por el Congreso y revisada por la Corte Constitucional. La acción del presidente Petro fue señalada por los denunciantes como una posible usurpación de funciones legislativas. En su escrito, advirtieron que "esta acción representa una amenaza al equilibrio de poderes y podría ser interpretada como un intento de concentrar el poder en la figura presidencial".
El documento también menciona episodios previos que, según los denunciantes, forman parte de un patrón de deslegitimación institucional. Entre ellos se encuentran declaraciones públicas del presidente Petro contra Efraín Cepeda, a quien acusó de sabotaje legislativo, corrupción e incluso de intentar un golpe de Estado. En una publicación del 4 de diciembre de 2024 en la red social X, el presidente escribió que "Cepeda busca un golpe de Estado, aliado con poderes económicos ilegítimos".
Dichas afirmaciones, difundidas en redes sociales y eventos oficiales, fueron calificadas como intimidatorias y perjudiciales para el debate democrático. Los denunciantes afirmaron que estas declaraciones minan la legitimidad del Congreso e intensifican las tensiones entre los poderes del Estado. La presentación ante la ONU también incluye un llamado para que el Alto Comisionado de Derechos Humanos emita un pronunciamiento preventivo sobre el caso colombiano.
Ocho partidos políticos con representación en el Congreso respaldaron la denuncia del senador Cepeda. En una declaración conjunta, manifestaron su rechazo a la iniciativa presidencial, la cual calificaron como una "violación a la arquitectura democrática del país". Según el comunicado, la intención de avanzar con la consulta popular sin cumplir los pasos legales establecidos podría interpretarse como una forma de autoritarismo disfrazado de participación ciudadana.
Los firmantes reiteraron que cualquier consulta debe seguir el camino institucional: Consejo de Ministros, Congreso y Corte Constitucional. Saltarse estos pasos, aseguraron, no solo representa una usurpación de funciones, sino también una amenaza directa al sistema democrático. Además, alertaron sobre el uso de discursos que contraponen al Congreso con una supuesta "voluntad del pueblo", lo cual, afirmaron, debilita los contrapesos democráticos.
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