Foto: Presidencia Colombia
La convocatoria a una consulta popular por decreto, anunciada por el presidente Gustavo Petro la noche del martes 3 de junio, desató una ola de críticas por parte de varios partidos políticos en Colombia. El mandatario señaló que el objetivo de esta medida es refrendar la reforma laboral archivada en marzo por el Congreso. También incluir preguntas relacionadas con el sistema de salud, cuya reforma también fue rechazada.
Durante una alocución televisada, Petro justificó su decisión al alegar irregularidades en el trámite legislativo. "Por eso voy a decretar la consulta popular, la Corte Constitucional decidirá indudablemente. Puede, o no, decidir, de acuerdo con las normas existentes. Decreto la consulta popular porque jamás hubo un concepto favorable en el Senado de la República, hicieron trampa", expresó.
Tras el anuncio, ocho partidos políticos emitieron una declaración conjunta en la que calificaron la medida como un "golpe de Estado". En el comunicado, afirmaron: "La consulta popular vía decreto, desconociendo la decisión del Senado, es un golpe de Estado. Los partidos políticos: Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Conservador, MIRA, Colombia Justa Libres, Partido Liberal, Partido de la U y Partido ASÍ rechazamos esta acción unilateral e inconstitucional por parte del Gobierno".
Además, los partidos solicitaron la intervención de los principales entes de control del país. "Instamos a las instituciones competentes —la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y los organismos electorales— para que actúen con independencia bajo el principio de legalidad, de conformidad con la Constitución", manifestaron en la misiva.
El pronunciamiento también incluyó un llamado al registrador nacional, Hernán Penagos Giraldo, quien tendría que organizar y supervisar el eventual proceso electoral. "En caso de que se expida un decreto convocando una consulta popular, confiamos en que el señor Registrador Nacional, en ejercicio de su autonomía e independencia funcional, actuará con pleno respeto por el orden constitucional y democrático, valorando cuidadosamente la legalidad y legitimidad de dicho acto antes de disponer la fijación de cualquier calendario electoral", reiteraron.
De forma similar, señalaron que Penagos "debe verificar el cumplimiento de los requisitos y procedimientos legales establecidos antes de tomar cualquier decisión" sobre la consulta popular. Según afirmaron, el país enfrenta una crisis institucional originada por lo que describen como una postura intransigente por parte del Ejecutivo.
El comunicado sostiene que "Petro ha anunciado su intención de firmar un decreto para convocar su consulta popular que ya fue rechazada por el Senado de la República. Esta decisión, de concretarse, representaría una violación grave, abierta y directa a la Constitución, una ruptura de la separación de poderes y un golpe directo al Estado de Derecho".
También argumentaron que la iniciativa desconoce lo dispuesto por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que ratificó el archivo del mecanismo como un "acto definitivo" del Congreso. "Reiteramos nuestro respaldo y respeto incondicional a las Cortes y demás ramas del poder público para que actúen con independencia y determinación frente a esta imposición unilateral que excede las funciones y competencias constitucionales del Gobierno. Igualmente, hacemos un llamado a la ciudadanía para rodear a las instituciones y proteger nuestra Constitución", concluye el documento.
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