Foto: Sergio Cara (NotiPress)
En 2022 se registraron niveles sin precedentes de personas migrantes que llegan por tierra a México cruzando a través de Centroamérica, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Estas personas migrantes provienen de países latinoamericanos como Venezuela, Cuba, Nicaragua, Colombia, Ecuador, Haití, incluso desde África, Asia, y Europa.
Entre estos flujos, resalta el organismo, viajan un gran número de mujeres embarazadas y en lactancia, así como niños, incluso sin acompañantes. Además, otros grupos vulnerables que integran las olas migratorias son indígenas, personas con algún tipo de discapacidad o enfermedades crónicas y miembros de la diversidad sexogenérica.
Otro de los obstáculos para el panorama migratorio actual incluye los cambios en las políticas migratorias y fronterizas en el sur de Estados Unidos. A partir de agosto de 2022, el gobierno estadounidense dejó de inscribir personas en su Programa de Protocolos de Protección de Migrantes (MPP) y en octubre anunció una expansión de las expulsiones bajo el Título 42.
Tal ley proviene de la administración del expresidente Donald Trump, implementada al inicio de la pandemia por Covid-19 que ha servido para realizar deportaciones expeditas bajo pretextos sanitarios. El programa Quédate en México continúa vigente y deporta a migrantes no mexicanos para hacerles esperar meses o años en el país mientras sus solicitudes de asilo se resuelven. Adicionalmente, durante la Cumbre de Líderes de América del Norte, a principios de 2023, el Gobierno mexicano acordó recibir hasta 30 mil migrantes no mexicanos deportados de territorio estadounidense.
Mientras tanto, la situación de los migrantes que esperan en México es preocupante, en opinión de los defensores de derechos humanos y activistas por los migrantes. La tragedia más reciente para esta población se suscitó en Ciudad Juárez, Chihuahua, la noche del lunes 28 de marzo de 2023. Allí, un incendio en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) dejó al menos 40 migrantes muertos y más de 20 lesionados.
De acuerdo con medios nacionales y locales, esto sucedió en el área de hombres de la estación migratoria, donde había 68 migrantes, mayormente deportados por el título 42. El incidente comenzó con una protesta, alrededor de las nueve de la noche, pues se inconformaron por no haber recibido agua a lo largo del día. No obstante, el área se encontraba cerrada con llave y, al prender un fuego para llamar la atención de las autoridades, comenzaron a intoxicarse mientras esperaban que les abrieran la puerta.
En un comunicado, la Dimensión Episcopal para la Pastoral de Movilidad Humana (DEPMH) informó que, la semana anterior a los hechos, solicitó medidas cautelares a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), aunque fue omisa en su otorgamiento. Las medidas cautelares solicitadas buscaban evitar actos y omisiones, los cuales podrían derivar en daños irreparables y violaciones graves de los derechos humanos de las personas migrantes en Ciudad Juárez.
La DEPMH criticó la política migratoria de contención, por criminalizar e imponer medidas privativas de libertad. Además, consideró que llamar "albergues" a estos centros de detención constituye una distorsión de la realidad. México experimenta un escenario complicado en materia de migración, un fenómeno que comparte con buena parte de occidente. No obstante, la situación de las estaciones migratorias del INM preocupan a los defensores de derechos humanos, debido a su forma de manejar el flujo migratorio actual.
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