Foto: Sergio F Cara (NotiPress/Composición)
Renuncias, rechazos políticos y controversias legales marcan un escenario complejo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Con la salida de Manuel García-Mansilla, el máximo tribunal vuelve a operar con solo tres integrantes: Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.
Históricamente este cuerpo judicial se ha enfrentado a períodos de integración parcial; tras la jubilación de Elena Highton de Nolasco en 2021 y la de Juan Carlos Maqueda en diciembre de 2024, dos vacantes quedaron sin cubrir. Intentos del presidente Javier Milei por designar nuevos jueces enfrentaron fuertes obstáculos institucionales y políticos.
Decisiones legislativas influyeron directamente en el desenlace cuando el Senado rechazó los pliegos de García-Mansilla y Ariel Lijo, con 51 votos en contra para el primero y 43 para el segundo. Este revés reflejó un clima de desacuerdo en torno a las estrategias del Ejecutivo para cubrir esos cargos mediante designaciones en comisión.
Cargos judiciales tan relevantes requieren consensos amplios y respeto por los procedimientos constitucionales. En su carta de renuncia, García-Mansilla expresó: "Tengo que hacer todo lo que esté a mi alcance para facilitar que se agilice el proceso para que se cubran de una buena vez las vacantes que existen en la Corte Suprema", evidenciando una motivación institucional detrás de su decisión.
Funcionamiento pleno del tribunal se ve comprometido con la actual estructura. La falta de diversidad en las opiniones judiciales, sumada al aumento de la carga de trabajo, podría afectar la calidad y oportunidad de las resoluciones. Este déficit también debilita la percepción pública sobre la representatividad y legitimidad de sus fallos.
Soluciones duraderas dependen de la voluntad política para lograr acuerdos en la nominación de jueces. Superar la polarización y asegurar una Corte Suprema completa resulta vital para fortalecer el sistema judicial argentino. Sin consensos institucionales, los efectos de estas vacantes seguirán afectando tanto a la justicia como a la estabilidad democrática.
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