
Foto: X @PedroSanchezCol
El Ministerio de Defensa de Colombia anunció un plan de recompensas dirigido a identificar y capturar a los presuntos responsables del secuestro de 57 militares del Ejército Nacional en el departamento del Cauca. Esta medida se conoció la noche del domingo 22 de junio de 2025, tras confirmarse la retención de los uniformados en zona rural del municipio de El Tambo.
Los hechos ocurrieron entre el 21 y 22 de junio en la vereda La Hacienda, mientras los militares realizaban operaciones en el sector. De acuerdo con la Tercera División del Ejército Nacional, un primer grupo fue privado de la libertad el día 21. Al día siguiente, otro pelotón fue interceptado por aproximadamente 200 personas en el corregimiento El Plateado, jurisdicción de Argelia.
En su pronunciamiento oficial, el Ministro de Defensa, general Pedro Sánchez, declaró: "Condeno y rechazo con total contundencia el secuestro de 57 militares del Ejército Nacional en la vereda La Hacienda, municipio de El Tambo, Cauca. Este crimen es responsabilidad de la estructura criminal Carlos Patiño, del cartel de alias ‘Mordisco’".
Según el ministro, el operativo de retención incluyó tácticas violatorias del Derecho Internacional Humanitario. "Mediante amenazas e intimidación, lograron instrumentalizar a cerca de 200 personas. Lo hicieron con miembros encubiertos del grupo criminal, vestidos de civil para ocultarse entre la comunidad, crear confusión y bloquear la acción legítima en el Cañón del Micay", sostuvo Sánchez.
El Gobierno identificó como principales responsables a dos cabecillas conocidos como alias Kevin y alias Yovany, por quienes se ofrecieron recompensas de 500 y 100 millones de pesos, respectivamente. La iniciativa busca estimular la denuncia ciudadana y avanzar en la judicialización de los implicados.
"Ya estamos avanzando en la judicialización de los responsables y hay órdenes de captura en curso. No permitiremos que el crimen organizado imponga su ley ni que el miedo impida que llegue el Estado", expresó el ministro, quien además exigió la liberación inmediata de los uniformados.
La Tercera División del Ejército calificó los hechos como violaciones graves a los derechos fundamentales del personal militar, así como infracciones a la Constitución y el Código Penal colombiano. El comunicado oficial también señaló que las personas involucradas habrían actuado bajo presión de la estructura criminal Carlos Patiño, disidencia de las antiguas FARC.
Desde la Defensoría del Pueblo, entidad encargada de proteger los derechos humanos, se sumaron al rechazo institucional por medio de un comunicado oficial. "Hacemos un llamado urgente para la liberación de los 57 integrantes del Ejército Nacional en El Tambo, Cauca. No hay justificación para usar a civiles, miembros de la comunidad, para ejecutar privaciones de la libertad, que son delitos bajo la ley penal", indicó la entidad.
En su mensaje, la Defensoría subrayó la gravedad de involucrar a la población civil en actividades armadas e informó que está dispuesta a facilitar el diálogo para proteger la vida e integridad de todas las personas implicadas. Asimismo, advirtió: "la responsabilidad inclusive penal de quienes participan en los hechos, especialmente de los civiles, debe ser examinada caso a caso".
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