Foto: Presidencia Colombia
Representantes de los gobiernos de Colombia y Venezuela firmaron un memorando que busca establecer una "Zona de Paz, Unión y Desarrollo Binacional Especial" en la frontera común. El anuncio, hecho por Nicolás Maduro a través de una transmisión oficial, ha generado reacciones en sectores políticos y diplomáticos colombianos por los vacíos institucionales y los riesgos de seguridad que plantea.
El acuerdo fue suscrito por las ministras de Comercio de ambos países, Diana Marcela Morales Rojas y Coromoto Godoy Calderón, también participó la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez. Colombia estuvo representada por Alfredo Saade, en ausencia de la vicepresidenta Francia Márquez.
Según el excanciller Julio Londoño, el memorando evita procedimientos legislativos y omite la participación de instituciones clave. En entrevista con Semana, señaló: "Es extraño que lo que no hicieron Maduro en doce años, ni Petro en tres, se realice ahora en esa zona, cuando el presidente de Colombia está en la recta final de su mandato".
La zona contemplada incluiría los departamentos de Norte de Santander, La Guajira y Cesar, así como los estados Zulia y Táchira. Sin embargo, no se ha informado públicamente sobre la intervención del Congreso colombiano o de las Fuerzas Militares en la elaboración o revisión del acuerdo.
"Zona de amortiguación paralela a la frontera. Le va a permitir que grupos armados colombianos, que declararon que defenderán al régimen venezolano, así como los ‘colectivos’ y demás paramilitares venezolanos, puedan eventualmente defenderlo con mayor facilidad en una hipotética y absurda intervención", afirmó Londoño al mismo medio.
Cifras reportadas por la prensa colombiana indican que más de ochenta mil personas fueron desplazadas en la región como resultado de acciones atribuibles a organizaciones ilegales. También se registraron víctimas mortales entre civiles y fuerzas de seguridad, lo que evidencia la persistencia de riesgos en el área fronteriza.
Propuestas incluidas en el memorando abarcan cooperación en agricultura, salud, turismo y promoción de pequeñas empresas. A pesar de ello, no se presentaron lineamientos concretos sobre la implementación, seguimiento ni mecanismos de seguridad que garanticen estabilidad en los territorios involucrados.
Voces críticas han resaltado la falta de transparencia en la construcción del documento y la ausencia de controles institucionales que validen su aplicación. El contexto actual, marcado por la presencia de grupos armados y estructuras criminales en ambos lados de la frontera, refuerza las dudas sobre los efectos reales del acuerdo.
Hasta ahora, no se han emitido pronunciamientos oficiales por parte del Congreso de Colombia ni de organismos de control que aclaren el estatus legal del memorando o los compromisos que este implica en términos de soberanía y gobernabilidad.
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