Lo que hay que saber sobre el litio en México y la propuesta de nacionalización

 03-01-2022
Navila Philips y Patricia Manero
   
Portada | Corroborado
John Cameron vía Unsplash

John Cameron vía Unsplash (foto sin cambios)

El litio en México se convirtió en elemento clave para la reforma eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el debate entre intereses privados y el discurso público se acentuó. Durante la conferencia matutina de prensa del 21 de diciembre de 2021, el mandatario aseveró acerca del litio en territorio nacional: "No queremos que se privatice, tiene que quedar como un mineral nacional". No obstante, en por lo menos dos ocasiones, el jefe del Ejecutivo ha sido contrario a su más reciente postura para nacionalizar este recurso, asegurando que la nacionalización del litio no sería necesaria. Por lo anterior, "Más Claro" de Corroborado, unidad de fact checking de NotiPress, se dio a la tarea de investigar la situación del litio en México.

Fue en 2019 cuando se descrubió megayacimiento de litio en Bacadéhuachi, Sonora, dentro de la Sierra Madre Occidental. Tras el suceso, en la conferencia matutina del 12 de diciembre de 2019, el Presidente habló respecto a la explotación del recurso por parte del gobierno y demás interesados. En la sección de preguntas y respuestas de la conferencia, un reportero preguntó sobre los programas para explotar debidamente las minas de litio encontradas en Sonora. López Obrador indicó al exsecretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (Semarnat), Víctor Toledo Manzur que explicara este tema.

Toledo Manzur aseveró que el litio "se va a convertir en el nuevo petróleo". Según el exsecretario, con el auge de los vehículos eléctricos, México debería ser capaz de producir autos eléctricos en fábricas públicas. Aunque no mencionó la nacionalización, el exfuncionario indicó, "el tema del litio se va a volver algo estratégico. Buena parte de la situación de Bolivia, como ustedes saben, se debe a que es el país más rico en litio, según se sabe, pero, nuevamente, nuestro país es un país también con grandes yacimientos de litio, simplemente en Sonora se acaba de revelar".

Cabe destacar, en 2008, el entonces presidente de Bolivia, Evo Morales, inició el proceso de nacionalización e industrialización del litio. Esto cuando decidió que los recursos evaporíticos del Salar Uyuni -donde poseé sus mayores reservas de litio- se explotaran por el Estado. En este sentido, la nacionalización de los recursos naturales en Bolivia se aprobó en 2009 y declaró el litio de carácter estratégico e interés público para la nación.

Uno de los principales usos industriales del litio es en forma de estearato de litio como espesante para grasas lubricantes. Sin embargo, a partir del año 2010, el uso de las baterías de litio tomó relevancia, convirtiéndose en uno de los contrincantes de reemplazo de los combustibles fósiles. Ante el creciente auge de vehículos y dispositivos eléctricos, se espera un importante incremento en la demanda de litio a nivel mundial. De esta manera, el valor del metal energético ha repuntado significativamente en años recientes. Acorde con datos de la Comisión Chilena del Cobre, en 2030 la demanda del litio por automóviles eléctricos llegará a 1.4 millones de toneladas.

Intereses privados y el discurso público

Ante los obstáculos que presupone apostar por la nacionalización del litio, López Obrador aseguró el 13 de diciembre de 2019: "Nosotros tenemos ese plan y se está trabajando en Economía, en la Secretaría de Energía". Y agregó: "Pero tenemos que ser realistas, no puede el Estado financiar programas que impliquen la utilización de mucho presupuesto, esto tendría que hacerse con la participación de la iniciativa privada, porque requiere de presupuesto". Tan solo 10 meses más tarde del anuncio del megayacimiento de litio en México, el Ejecutivo desapareció a la Subscretaria de Mineria y esto causó la crítica por parte del Senado.

De igual forma, el 26 de junio de 2020, en conferencia de prensa, el mandatario previamente había señalado: "No es necesaria la nacionalización porque, de acuerdo a la Constitución, en el artículo 27 se establece el dominio de la nación de los recursos naturales que están en el suelo y en el subsuelo".

Por otra parte, el extitular de la Semarnat, Víctor Manuel Toledo Manzur, propuso en el mismo mes de 2020 crear una empresa para controlar el litio. Asimismo, informó, el Gobierno de México promovería activamente la nacionalización del metal energético. "Que el gobierno nacionalice los recursos del litio y no deje que, porque ya están entrando las compañías chinas e inglesas y que el litio se nacionalice, y que el gobierno cree una empresa, puede ser incluso público-privada, pero que el gobierno controle el uso del litio", aseguró Manzur durante un foro virtual sobre el futuro de Latinoamérica.

Así también, la edición de septiembre 2020 de la agenda legislativa del Senado expuso la necesidad de una reforma constitucional y de la Ley Minera. Ello, con el objetivo de elevar el litio a la categoría de Recurso Nacional Estratégico. De esta manera, el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) planteó la propuesta de nacionalizar el metal energético.

En noviembre de 2020, el senador Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Pública, propuso una iniciativa para llevar a cabo este proceso. De manera que, impulsó un decreto para reformar el artículo 27 de la Constitución a fin de considerar el litio como una propiedad exclusiva de la nación y alejarlo de los intereses privados.

Un boletín lanzado por los senadores de Morena en febrero de 2021 explica, el litio se utiliza en los componentes de teléfonos móviles, baterías de automóviles eléctricos, así como en el sector salud y otras aplicaciones. En este sentido, el proyecto propuesto por Armenta permitiría que la nación sea dueña de los medios para su producción, explotación, extracción, comercialización, distribución y almacenamiento.

Tiempo después, el 1 de octubre de 2021, el presidente López Obrador mandó una iniciativa al Congreso en función de estipular en la ley que la explotación de litio solo corresponde a la nación, correspondiendo a la iniciativa de Armenta. En el documento, el tercer punto del objeto destaca la incorporación del litio y demás minerales estratégicos para la transición energética como bienes del dominio de la nación. La iniciativa establece que no se otorgarán concesiones sobre el litio y demás minerales estratégicos necesarios. Asimismo, indica, a las concesiones mineras ya otorgadas por el Estado y en las que a la fecha existen antecedentes de exploración de litio avalados por la Secretaría de Economía, no les será aplicada la restricción.

Durante la conferencia matutina de octubre de 2021, AMLO informó sobre la iniciativa de reforma que envió al Congreso para el fortalecimiento de CFE y protección de litio en México. Bajo este contexto señaló: "El litio que hay en el subsuelo, todo el mineral que hay de litio en el subsuelo de la patria, de nuestro territorio, es de los mexicanos, de la nación. Estos dos temas van en la iniciativa que se envió ayer a la Cámara de Diputados para que se lleve a cabo una reforma constitucional". Por lo anterior reiteró, ya no se entregarían nuevas concesiones para la explotación de litio, pues es un mineral estratégico para la nación.

De esta manera, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, aseguró, la iniciativa buscaría modificar no sólo el artículo 27, sino también el 25 y 28 de la Constitución, así como nueve transitorios. Así también, detalló, se respetarán las concesiones entregadas antes de la Cuarta Transformación para la explotación de la plata, oro y el cobre. No obstante, señaló la existencia de ocho concesiones para la explotación de litio, las cuales serían aprobadas si las empresas involucradas acreditan que han iniciado el proceso de exploración. Asimismo, será requisito estén alineadas con los términos previstos por la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Energía.

De acuerdo con el informe El litio: la nueva disputa comercial dinamizada por el falso mercado verde realizado por el Colectivo Geocomunes, la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) y Miningwatch Canadá, en México existen 36 proyectos mineros de capital extranjero destinados a la extracción de litio que son controlados por 10 empresas. De igual forma, según informa el colectivo, en su mayoría son proyectos mineros sin actividad (no han empezado su fase de exploración) y que están controlados principalmente por pequeñas empresas canadienses al borde de la quiebra. El informe describe a estas empresas de Canadá como compañías la cuales dependen mucho del proceso de especulación para generar recursos en la bolsa de valores de Toronto.

TMEC y el litio de México: El país podría convertirse en un gran proveedor del litio a Estados Unidos, específicamente a Tesla, quien tiene sus dos Gigafactory en Estados Unidos y su primera planta en China. De acuerdo a la visión de Elon Musk, la firma pretende tener una Gigafactory en cada continente.

Existen solamente tres empresas realmente activas con capacidad para avanzar en sus proyectos hacia la extracción de litio en México: Organimax (Canadá), Bacanora Lithium (Reino Unido) y One World Lithium (Canadá). El mismo informe indica, actualmente en México se han entregado 97 mil hectáreas concesionadas, además de estar en trámite 537 mil más para la extracción de litio.

Pero, entonces, ¿es necesaria la nacionalización para que el Estado domine la exploración del litio en territorio nacional?

No, contextualizando la frase de López Obrador, el artículo 27 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos indica, "la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada".

Es decir, el Estado tiene la facultad de otorgar concesiones a particulares en función de tener mayor competitividad en el mercado del litio. Como mencionó el propio López Obrador en diciembre de 2019, "tenemos que ser realistas, no puede el Estado financiar programas que impliquen la utilización de mucho presupuesto, esto tendría que hacerse con la participación de la iniciativa privada, porque requiere de presupuesto".

La carta magna especifica respecto a los minerales y metales, será la Nación quién tendrá el dominio directo de todos estos minerales o sustancias en vetas, mantos, masas o yacimientos [...] tales como los minerales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria. En este sentido, las normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de minerales y sustancias regularán la ejecución y comprobación de los trabajos que se efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia. En este último caso, cuando el mandatario mexicano sugiere "no es necesaria la nacionalización" para que el Estado domine la exploración del litio, se justifica y ampara en la Constitución.

Finalmente, acorde con datos del Sistema Integral sobre Economía Minera (SINEM), los proyectos mineros de litio operados por compañías de capital extranjero en México se encuentran mayoritariamente en estado de exploración. Bajo este contexto, Canadá tiene el mayor número de operaciones en curso, seguido de Reino Unido. Cabe destacar que Sonora, Zacatecas, San Luis Potosí, Coahuila e Hidalgo encabezan los estados con más proyectos mineros.

Por otra parte, sólo la empresa Bacanora Minerals Ltd de Canadá y Reino Unido cuenta con un proyecto en etapa de producción de litio en México. En este sentido, la operación tiene presencia en el estado de Sonora y opera bajo el nombre de "Sonora Pilot Plant". De acuerdo con información de la empresa extranjera, el objetivo de dicha planta es procesar minerales del "Proyecto Litio Sonora". De esta manera, Bacanora Minerals buscará producir baterías de litio para su distribución en Asia. No obstante, el curso de las operaciones mineras de litio en el país es un tema que continúa en desarrollo, pues diversos proyectos permanecen en proceso de evaluación y son parte del debate público.




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